Bruselas estudia sancionar a ING por competencia desleal

La banca que no ha recibido ayudas públicas durante la crisis ha seguido atentamente, en algunos casos con una cierta irritación, ciertas prácticas comerciales o de publicidad de sus competidores que han tenido que recurrir a las ayudas de Estado.

La Comisión Europea (CE) ha confirmado que ha recibido denuncias contra ING, por sus prácticas comerciales en Holanda y Bélgica y, aunque no ha querido revelar otros nombres, también ha habido otras denuncias. En ese grupo podrían estar el Royal Bank of Scotland, nacionalizado en un 84% por el Gobierno británico, así como bancos regionales alemanes como WestLB.

Según fuentes del entorno del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, la CE sigue atentamente la actividad de los bancos que han recibido ayuda de Estado y que siempre, una vez que se ha concluido un análisis de una institución, Bruselas impone restricciones a esa entidad, de manera que con esas ayudas no se falseen las reglas de la competencia. Las sanciones se impondrían dependiendo de las condiciones de las ofertas en cada mercado.

En los casos en los que ya se ha cerrado el análisis, Bruselas impone condiciones concretas, como por ejemplo obligar a esos bancos a vender algunos de sus activos, impedirles utilizar fondos para desarrollar políticas comerciales agresivas, bajar los precios por sus actividades o hacer campañas de publicidad. También les ha obligado a adoptar métodos de buen gobierno.

Por otro lado, esos bancos asistidos necesitan desarrollar políticas agresivas para volver a recuperar la parte del mercado financiero que han perdido, que hace que algunos de sus competidores aseguren que “tienen actitudes como si no hubiera pasado nada”. Incluso algunas denuncias incluyen que esa política para ganar parte del mercado, puede llevar a “financiar a pérdida”, lo que constituye una grave infracción y el regreso de prácticas del pasado.

ING se comprometió a finales de 2009, a reducir su riesgo y la complejidad de sus operaciones, a ceder su actividad de seguros, una parte del mercado hipotecario y a no comprar otros bancos, y rebajar su política de precios. Esto era la contrapartida de la inyección de capital público, por 10.000 millones de euros, garantías por valor de 12.000 millones de euros para resolver sus problemas de liquidez y un plan para reducir sus activos tóxicos.

También a finales de 2009, la CE autorizó un plan de reestructuración del RBS, para salvarlo de la quiebra, después de obligarle a reducir su tamaño por la venta de sus activos. Este banco recibido entre 67.000 y 110.000 millones de euros para sobrevivir, “la mayor ayuda pública de la historia” según la CE. El RBS se comprometió a desprenderse de su actividad de banca corporativa y de banca especializada en pymes.

El caso español
En España, la polémica ha surgido con el nuevo depósito de Catalunya Caixa, remunerado al 4,75%, la oferta más alta del mercado. La entidad ha recibido 1.250 millones de financiación pública del Fondo de Reestructuación Ordenada Bancaria (Frob), por lo que tiene limitaciones para hacer campañas comerciales muy agresivas. Los bancos se han quejado de que se trata de competencia desleal. Fuentes financieras señalan que esta calificación no debería aplicarse a la caja catalana, ya que no ha hecho publicidad del producto y se trata de una estrategia defensiva para no perder clientes.